A pesar de ser una obligación legal, el Plan de Igualdad continúa siendo uno de los procesos que más se aplazan dentro de las empresas. La falta de tiempo, el desconocimiento de la normativa, la complejidad técnica y la percepción de que es solo un trámite hacen que muchas organizaciones todavía no lo hayan implantado. Este retraso puede comportar sanciones, pérdida de ayudas y riesgos reputacionales. El artículo analiza por qué ocurre, qué exige realmente un Plan de Igualdad y qué deben tener en cuenta las empresas para aplicarlo con garantías.